SINDI-K ha presentado una queja disciplinaria amplia y documentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por hechos que considera de extrema gravedad institucional y que afectan directamente a la confianza pública en la justicia. La queja se dirige contra la magistrada D.ª Marta Llamas Sánchez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de La Línea de la Concepción, por una concatenación de actuaciones y omisiones que, según el sindicato, comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad.
El escrito expone que la magistrada mantuvo paralizado durante casi dos años el procedimiento civil 439/2022 pese a múltiples requerimientos de la Audiencia Provincial de Cádiz, una inactividad que derivó incluso en un cambio de ponente en el recurso de apelación 538/2023. La queja sostiene que este cambio, provocado exclusivamente por la dilación imputable al juzgado, afecta al derecho fundamental del denunciante al juez predeterminado por la ley. Al mismo tiempo, la magistrada intervino públicamente en el aula del denunciante —profesor del IES Virgen de la Esperanza— durante su horario lectivo, en el marco de una actividad institucional que el centro le impuso asistir.
El documento denuncia además que el ascenso de la magistrada como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se hizo público precisamente el mismo día en que la Audiencia Provincial insistía de nuevo, por escrito, en la obligación de remitir el expediente paralizado. Esta coincidencia, calificada por SINDI-K como «institucionalmente inasumible», proyecta una imagen de impunidad incompatible con los estándares de responsabilidad judicial.
La queja solicita la apertura de un expediente disciplinario, la revisión de su reciente nombramiento en el TSJA, la intervención del Servicio de Inspección del CGPJ para reconstruir la secuencia completa de requerimientos incumplidos y la evaluación expresa de si la alteración del ponente del recurso constituye una vulneración del derecho al juez natural. También solicita la verificación del reparto de ciertos asuntos recientes del Decanato de La Línea, ante posibles irregularidades objetivas en la asignación de uno de ellos. El objetivo es esclarecer si el denunciante está recibiendo efectivamente el juez ordinario que le corresponde por ley y si el reparto se está realizando con plena objetividad.
El sindicato destaca la relevancia de que los hechos hayan tenido lugar en una localidad especialmente vulnerable como La Línea de la Concepción, donde la escuela pública es uno de los pocos espacios de legitimidad institucional. El denunciante, profesor del IES Virgen de la Esperanza y afiliado de SINDI-K, ha ejercido activamente como acusación popular en la causa de presunta malversación que afectaba precisamente a ese centro y que fue archivada por el Juzgado n.º 2, dirigido por el cónyuge de la magistrada. La coincidencia entre ambos procedimientos, la prolongada inactividad procesal y la intervención de la magistrada en el aula del denunciante conforman, según SINDI-K, un escenario que cualquier observador razonable consideraría incompatible con el principio de imparcialidad objetiva.
El Secretario General de SINDI-K, Rafael Francisco Rivera Rodríguez, ha señalado que esta queja se presenta por un deber ético de preservar la confianza pública en las instituciones». Añadió que «cuando el órgano judicial que debe dar ejemplo de responsabilidad desoye reiteradamente a un tribunal superior, paraliza procedimientos sensibles y entra en el aula del ciudadano cuya causa mantiene bloqueada, la situación ha superado con creces cualquier límite tolerable en un Estado de Derecho».
SINDI-K expresa su plena confianza en que el Consejo General del Poder Judicial actuará con la firmeza e independencia necesarias para esclarecer estos hechos y adoptar las medidas oportunas. El sindicato seguirá defendiendo a los trabajadores públicos que denuncien irregularidades y reitera su compromiso con la transparencia institucional y la ética en la función pública.