La Línea de la Concepción (Cádiz), octubre de 2025.

El Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación —SINDI-K— manifiesta públicamente su respaldo a R.F.S., docente y madre de una alumna de 3.º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Esperanza, centro público dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Esta madre se ha visto obligada a solicitar el traslado de su hija T.C.F. a otro centro escolar tras padecer durante meses un entorno educativo hostil, marcado por la violencia, la falta de disciplina y la ausencia de respuesta institucional.

Una herida moral en la escuela pública

El caso de esta familia evidencia un problema estructural: la formación de grupos cerrados con alta concentración de alumnado repetidor o disruptivo, práctica que convierte determinadas aulas en espacios invivibles, donde los alumnos que sí desean aprender terminan atrapados en un ambiente de ruido, miedo y desánimo.

La madre solicitó de manera razonada un cambio de grupo para su hija, amparándose en motivos de convivencia y bienestar emocional. Sin embargo, la Jefatura de Estudios del IES Virgen de la Esperanza denegó su petición con un argumento burocrático: "no es posible modificar grupos por razones de ratio", pese a que en ese mismo centro se habían autorizado cambios a otros estudiantes al inicio del curso.

Esta negativa —carente de motivación suficiente— supone, en palabras de nuestro sindicato, una vulneración del principio de igualdad y del derecho a una educación segura y equitativa, reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución Española, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1985, de Derechos y Libertades de los Alumnos.

El gueto como método pedagógico

SINDI-K denuncia públicamente esta deriva educativa: la creación de "aulas gueto" donde se agrupan sistemáticamente a los alumnos con mayores dificultades de conducta o bajo rendimiento, sin una planificación pedagógica ni transparencia en los criterios de distribución.

Esta práctica, lejos de resolver los problemas, los multiplica. Destruye la convivencia, genera estigmas y sitúa al profesorado en una posición imposible.

En palabras del sindicato, "no hay innovación que justifique la segregación". La escuela pública no puede ser un laboratorio de desigualdades, sino un espacio donde cada menor, con independencia de su entorno o su pasado académico, tenga derecho a la serenidad y a la esperanza.

Una madre que no se rinde

Pese a la inacción del centro, R.F.S. presentó recurso de alzada ante la Delegación Territorial de Educación de Cádiz y solicitó la apertura del protocolo de acoso escolar, conforme a la Instrucción de 28 de julio de 2017.

Sin embargo, ante la ausencia de medidas eficaces y el deterioro emocional de su hija, se vio obligada a cambiarla de centro para garantizar su seguridad.

Su decisión, dolorosa pero valiente, simboliza la lucha de muchas familias que se enfrentan a una Administración que predica la inclusión mientras practica la indiferencia.

Una educación sin justicia social no educa

SINDI-K recuerda que la educación pública es un derecho fundamental y un deber de los poderes públicos, y que las decisiones organizativas no pueden anteponerse al interés superior del menor, principio recogido en la Ley 26/2015 y de aplicación preferente en toda actuación administrativa que afecte a un menor de edad.

La distribución de alumnos en los grupos-clase debe responder a criterios pedagógicos y de equidad, no a la comodidad administrativa ni a pactos tácitos entre equipos directivos.

El sindicato considera que la Administración educativa andaluza debe abrir una investigación sobre las condiciones de agrupamiento en el IES Virgen de la Esperanza y revisar los protocolos de protección de los alumnos que denuncian violencia o acoso.

Asimismo, exige que se garantice la transparencia en los procesos de asignación de grupos y que se respete el derecho de las familias a ser oídas y a recibir respuesta motivada y documentada.

Fundamento legal

SINDI-K invoca los siguientes preceptos como fundamento de su denuncia pública:

• Art. 14 CE: principio de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.
• Art. 27 CE: derecho a la educación y deber de los poderes públicos de garantizarla en condiciones de libertad e igualdad.
• Art. 8 de la Ley Orgánica 8/1985: obligación de los centros de asegurar la convivencia escolar.
• Instrucción de 28 de julio de 2017 de la Junta de Andalucía, sobre detección e intervención ante acoso escolar.
• Art. 103 CE y 35.1 Ley 39/2015: exigencia de motivación y transparencia en los actos administrativos.

Compromiso sindical

SINDI-K reafirma su compromiso con una educación pública ética, inclusiva y libre de miedo.

Defendemos que la justicia educativa no puede delegarse en el azar del aula asignada, y que ningún menor debe sentirse amenazado en el espacio donde debería aprender y crecer.

El sindicato acompañará a R.F.S. en todas las acciones administrativas y judiciales necesarias, y llevará esta denuncia ante la opinión pública y las autoridades competentes.

Porque cuando una niña tiene miedo de entrar en clase, la educación ha fracasado.

Y cuando una madre se ve obligada a cambiarla de centro para protegerla, el silencio institucional se convierte en cómplice.